En los últimos días, los limeños hemos sido testigos de dos acciones controversiales directamente relacionadas con Seguridad Ciudadana. La primera tiene con ver con la Ley 29090, o llamada Ley de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, la cual otorga licencias de construcción automáticas sin la previa fiscalización de las comisiones técnicas profesionales de las municipalidades.

Y, por otro lado, con la respuesta del ministro del Interior, general (r) Octavio Salazar Miranda, quien al parecer, nervioso por las exigencias de los millones de ciudadanos afirmó que el tema de seguridad es una responsabilidad de los alcaldes y no de su sector.

En el primer caso, ya venimos asistiendo a las consecuencias de un dispositivo demagógico que está dando luz verde a construcciones sin control previo y sin garantizar las más elementales reglas de seguridad.

En el otro, a la intervención de un alto funcionario del gobierno que -además de perjudicar la participación mixta de gobiernos locales y autoridades policiales- “sopló la pluma” a las municipalidades, afirmando que éstas son las responsables de la lucha contra la delincuencia por intermedio de sus serenazgos, cuando todos sabemos, que es una actividad complementaria de vigilancia y apoyo a los vecinos, pero sin armas que le permitan siquiera detener asaltantes o controlar el tránsito.

Los alcaldes distritales de Lima han demandado que -en el primer caso- el Congreso de la República busque urgentemente deshacer ese entuerto que ya ha causado varias muertes por construirse edificaciones sin previa fiscalización; y -en el segundo caso-, lograron que el pasado fin de semana, como por iluminación divina, el ministro Octavio Salazar comprometa un mayor apoyo y permanente coordinación estratégica de la Policía Nacional con las municipalidades de Lima.

Aplaudamos estos esfuerzos que, a no dudarlo, merecen nuestro decidido apoyo, porque será muy bueno para todos los ciudadanos.